El movimiento por sacar a la Marina de Vieques fue construido por gente común de todos los partidos que tomó la iniciativa, fundó los campamentos de desobediencia civil, organizó las marchas, los foros, los festivales musicales y las cientos de actividades diversas que han llevado el mensaje de Vieques a todas partes del mundo. Ninguna organización o partido en particular puede reclamar responsabilidad por iniciar o dirigir tal movimiento.
Ha sido ese movimiento el que ha provocado una nueva unidad entre las organizaciones independentistas que hacía mucho tiempo estaban divididas por rencillas y ha ganado a miles de personas a la lucha militante en las calles por Vieques. Recientemente ha generado renovado entusiasmo en la candidatura del Partido Independentista Puertorriqueño, PIP.
Según una reciente encuesta el PIP está cercano a recibir el 7% del voto en las próximas elecciones.
¿Debe votar la clase trabajadora por el PIP? ¿Qué debemos decir los socialistas sobre la candidatura del PIP a las miles de personas que han puesto sus ilusiones en ella?
Tradicionalmente entre la izquierda y el independentismo predominan los sectores que interpretan la política puertorriqueña en relación a las posiciones sobre el estatus político. Para algunos el principal enemigo es la amenaza de la estadidad y utilizan incorrectamente un voto por el Partido Popular Democrático, PPD como un “mal necesario” o como una alternativa “menos mala” para detener el fantasma de la estadidad o para evitar una victoria del Partido Nuevo Progresista, PNP.
Para otros la independencia de Puerto Rico es un fin en sí mismo. Persiguen el establecimiento de una república aunque sea bajo un sistema capitalista que mantenga las desigualdades sociales y a la gran mayoría de los trabajadores sumidos en la pobreza. Entre estos se encuentran los que creen que las relaciones económicas con las corporaciones estadounidenses se deben mantener básicamente intactas y proponen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. También han expresado su disposición a negociar la presencia de las bases militares americanas lo que es incompatible con el bienestar de la clase trabajadora.
Otros independentistas creen en establecer medidas de justicia social o hasta en el socialismo, pero piensan que esos cambios vendrán luego de la independencia. Entienden que la independencia con diferencias de clases es una etapa necesaria anterior a futuros cambios. Para ellos resolver el problema del status tiene prioridad sobre el problema de la explotación de una clase sobre otra.
Por el contrario, los socialistas revolucionarios insistimos en que el estatus no puede ser el criterio único ni el principal que determine las posiciones políticas de la clase trabajadora. La lucha de clases, es decir la defensa por los propios trabajadores y trabajadoras de sus intereses de clase es lo que debe dictar las posiciones que la clase obrera tome ante las elecciones.
En general, los trabajadores no deben pertenecer a los partidos políticos de los patronos. En su lugar, deben formar sus propias organizaciones que les permitan asegurar una posición política independiente en defensa de sus intereses.
Esta fue una de las principales contribuciones de Carlos Marx: demostrar mediante el estudio económico que los intereses de los trabajadores y los intereses de los capitalistas son antagónicos e irreconciliables, es decir, que son necesariamente contrarios.
En palabras de Marx: "Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes campos antagónicos: la burguesía y el proletariado."
Por eso el estado que los patronos han creado no le sirve a l@s trabajador@s pues defiende intereses que les son opuestos. El estado burgués está diseñado para asegurarle a los capitalistas el poder político y mantener a la clase trabajadora oprimida. Por esta razón debe ser destruido por la acción revolucionaria de las masas para establecer en su lugar un nuevo estado obrero, dirigido desde abajo y de forma democrática por la propia clase trabajadora.
Esta fue una de las importantes lecciones que Marx y Engels aprendieron del gobierno revolucionario de los trabajadores de París en 1871, conocido como La Comuna de París. "La Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al Poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del Estado; que, para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera tiene, de una parte, que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella, y, de otra parte, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables en cualquier momento."
Así, los socialistas revolucionarios no aspiramos a ganar las elecciones o a establecer un gobierno socialista dentro del sistema capitalista, sino a lograr la toma del poder de la clase trabajadora.
Pero existen socialistas reformistas o socialdemócratas que creen que al socialismo se llega por la via electoral, de forma pacífica y mediente el cambio gradual. Entienden que participar en las elecciones representa un paso necesario para alcansar el socialismo. Buscan elegir a intelectuales o a líderes 'iluminados' que supuestamente realizarán los cambios en beneficio de la clase trabajadora.
Por el contrario los revolucionarios no creen que al socialismo se llega por la via electoral, pero en ocasiones pueden utilizar tácticamente las elecciones para avanzar las metas revolucionarias. Una campaña electoral orientada al activismo puede aumentar la combatividad y la confianza del movimiento en las calles, pero una campaña orientada a los candidatos, por el contrario, puede promover falsas ilusiones los procesos electorales y fomentar la pasividad y la desmovilización de las fuerzas vivas en la calle.
La campaña del PIP ha dejado de lado el tema de la independencia y el anti-imperialismo. Como en el pasado, 'el estatus no está en issue' en estas elecciones pues ese tema se pospone para una futura Asamblea Constituyente. El tema anti-corrupción busca un voto para el PIP basado en el rechazo a las prácticas corruptas de los dos partidos principales, es decir un voto anti-incumbente. La campaña también concibe el voto como un premio para el PIP por la supuesta autoría de la lucha de Vieques.
La campaña promueve la pasividad al señalar el voto, en lugar de mayor activismo, como el elemento que llevará al exito: "Mientras más votos obtenga mi candidatura a la gobernación: Más rápido se irá la Marina de Vieques" lee la propaganda de 'Rubén Gobernador.' Luego continúa: "En estas elecciones es tanto lo que tú quieres decir sobre tantas cosas. ¡Dilo con tu voto!"
La campaña del PIP no transmite las demandas centrales de la clase trabajadora ni está dirigida a renovar el impetus de la lucha militante por Vieques. En septiembre los candidatos del PIP desaprovecharon la oportunidad de hacer un gran llamado a la movilización para Vieques en octubre primero durante sus apariciones públicas. En su lugar, instaron al pueblo a votar por el PIP en noviembre.
Lo que el PIP no dice habla fuertemente sobre su caracter de partido capitalista. El PIP no está hablando sobre los problemas que sufren los trabajadores, como la pobreza que arropa al 60% de nuestra población, los bajos salarios, la falta de vivienda, falta de un plan médico universal, violencia epidémica contra la mujer, leyes que discriminan contra los homosexuales, los despidos y la perdida de derechos causados por la privatización, los poderes represivos que la Ley 45 da al gobierno contra los sindicatos, entre muchos.
Aunque el PIP incluye propuestas progresivas en interés de los obreros en su programa, como la semana de 35 horas, períodos para lactar para madres obreras y una ley contra el uso de rompehuelgas, en su campaña sus candidatos no las están mencionando o enfatisando del modo en que pudiera contribuir a radicalizar a nuevos activistas por Vieques o a aumentar la conciencia de la clase obrera. Sencillamente las personas comunes no ven a los candidatos de PIP articulando agresivamente los problemas que los aquejan de día a día.
El PIP no comprende que los intereses de los obreros y los de los industriales son opuestos. El mensaje que envían es de conciliacion entre las clases. Así, el PIP mantiene un apoyo formal a los obreros a la vez que apoya la globalización y aspira a pertenecer a instituciones criminales como la Organización Mundial del Comercio, WTO. En palabras de Rubén Berríos: "...recogemos las demandas de los trabajadores de forma fiel y recogemos las demandas esenciales modernas de los industriales más fielmente que los otros partidos.... Nuestra visión económica, por ejemplo, es una visión socialdemócrata en todo el sentido de la palabra, y eso incluye la frase que hemos usado una y otra vez, 'unirnos al mundo'. Por ende...nuestras propuestas son cónsonas con los industriales más de avanzada en muchísimas áreas..."
Los socialistas revolucionarios participan en las elecciones sólo cuando entienden que al hacerlo fomentan el avance y la radicalización de la clase trabajadora y sus luchas. La actual campaña fomentada por el PIP, no contribuye a que la clase trabajadora cobre mayor conciencia de clase, ni a que aumente su confianza y organización para la lucha o a que incremente su participación en el movimiento de Vieques.
Por estas razones, l@s trabajador@s no deben apoyar ninguno de los partidos o candidatos, y en su lugar deben depender de sus propias acciones colectivas. En lugar de votar, deben continuar organizando, siempre que puedan, foros, marchas, huelgas, campañas y piquetes en defensa de sus intereses y de sus reclamos. Esa militancia es la puede llevarnos al éxito.
Los doctores que entraron en desobediencia civil a los terrenos de práctica de la Marina en Vieques fueron duramente castigados por el Tribunal Federal. Dos mil dólares de multa, 60 horas de trabajo comunitario y un año de probatoria es sin duda un castigo excesivo y desproporcionado. Mientras tanto el gobierno se hace de la vista larga cuando la Marina viola las leyes ambientales o roba agua de nuestros ríos.
Mientras los legisladores del PIP, Víctor García San Inocencio y Rodríguez Orellana estuvieron presos sin fecha para juicio, corruptos como Freddy Valentín estában libres en la calle. El gobierno de los Estados Unidos, que continúa manteniendo a prisioneros políticos en sus cárceles, intenta retener su campo de tiro en Vieques aunque eso conlleve encarcelar más activistas. Han prohibido a muchos desobedientes que regresen a Vieques, atentando de esa manera contra la integridad nacional de Puerto Rico. Intentaron establecer fianzas de $10,000 dólares a un grupo de estudiantes y quisieron obligar a Tito Kayak a someterse a un innecesario tratamiento psicológico para erosionar su credibilidad como activista.
Esta ofensiva represiva de la Marina puede ser detenida. La marcha masiva a Vieques el próximo primero de octubre es un elemento clave para ello. Se espera que nuevos desobedientes entren a los terrenos de tiro. En la Isla Grande también se celebrarán actividades masivas por Vieques.
El elemento que falta es un Paro Nacional. Aunque Todo Puerto Rico con Vieques se comprometió en asamblea a realizarlo, nada se ha hecho por construir un paro. Este sería el complemento perfecto para las movilizaciones que se llevarán a cabo en octubre, pues limitaría grandemente la capacidad represiva del gobierno federal y ganaría a miles de personas a resistir activamente los arrestos.
La clase obrera tiene la capacidad de sacar a la Marina de Vieques y eventualmente de
Puerto Rico. Al paralizar la producción, la clase trabajadora puede desplegar su fuerza con mayor efectividad. Así se le
daría un golpe contundente a la Marina.
El privatizador de la Telefónica de Puerto Rico, ahora llamado Verizon, (fusión de GTE con Atlantic Bell,) quiere erradicar algunos de los derechos previamente adquiridos por los trabajadores telefónicos organizados en la Unión Independiente de Empleados Telefónicos, UIET y la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, HIETEL.
Mientras en el 1998 los trabajadores de la HIETEL obtuvieron un aumento del 5.8%, Verizon inicialmente ofreció un aumento del 3.0% para el presente convenio. Luego de muchas negociaciones la compañia aumentó su oferta a tan solo el 3.5%. A la vez, Verizon intenta eliminar el bono de navidad a las trabajadoras acogidas a licencia por maternidad!!!
Según Olga Grajales, de la HIETEL: “La forma en que ellos están negociando nos deja a nosotros sin alternativas.” Al presente los trabajadores están sin convenio y la compañia ha amenazado con negarse a aceptar querellas. Existen rumores de que Verizon ha considerado un cierre patronal.
Durante el Huracán Debby nueve empleados fueron suspendidos y puestos en periódo de prueba por 6 meses. La compañia inicialmente dió permiso a los empleados para ausentarse y proteger sus casas contra el Huracán. Luego revocaron el permiso.
La Telefónica ha cerrado varias de sus oficinas comerciales, en Bayamón, Mayagüez y Vieques, en donde la gente tiene que ir a Fajardo para hacer sus tramites!
Los trabajadores están en pie de lucha y todos los miércoles han estado piqueteando al patrono. Deben defender sus derechos y darle fuete al egoísmo de Verizon.
Fue un rotundo éxito la huelga de la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes, HEEND de la Universidad de Puerto Rico. Todos los once recintos fueron cerrados. Décenas de estudiantes, profesores y otros trabajadores se unieron a las lineas de piquete en solidaridad. Así, la huelga demostró su fortaleza desde el princcipio.
Demandaban los trabajadores su propio mecanismo de revición sobre traslados y nombramientos, así como que se mantuviera su plan medico único con libre selección. Aparentemente el gobierno los quería obligar a aceptar la targetita en su lugar. También exigían los trabajadores que no se les cobrara por el estacionamiento en la universidad ya que la administración está gradualmente introduciendo medidas privatizadoras en la institución.
La administración concedió a las demandas principales en el primer y día de la huelga. En cuanto al estacionamiento la HEEND logró que la universidad desistira por el momento en sus planes de cobro y se dejó para una futura ocasión para negociar este punto. Es importante que la HEEND demande que el estacionamiento sea gratuito para todo el mundo, no solo para trabajadores, sino también para estudiantes, profesores y visitantes.
Cualquier cobro representará un precedente que fortalece las intensiones de la institución de privatizar los estacionamientos.
Esta huelga exitosa por su militancia debe servir de ejemplo para otros trabajadores.
por John Molyneux
La lista de injusticias en nuestra sociedad es interminable; pobreza, racismo, guerra, personas sin techo, recortes en salud y educación, la difícil situación de los pensionados, el trato dado a los incapacitados, brutalidad policial, opresión de mujeres y gays, represión nacional, ataques a los sindicatos, desempleo.
Una de las diferencias fundamentales entre liberales y reformistas, por un lado, y marxistas, por otro, es que los primeros tienden a considerar cada cuestión como un problema aislado que puede también ser resuelto de forma aislada, mientras que los marxistas consideran que todos ellos tienen un origen común que se encuentra en la estructura económica del capitalismo.
Para los liberales, la solución a estos problemas es, sobre todo, una cuestión de cambio de actitudes; de que los iluminados (que casualmente son ellos) convenzan a los no iluminados; de influenciar directamente a los que tienen el poder o, si no, de movilizar a la opinión pública que, a su vez, influenciará a los poderosos.
Los marxistas ponen todo el énfasis en la movilización del poder de los propios oprimidos para arrancar concesiones del sistema mediante la lucha y, durante el proceso, desarrollar este poder y aprovecharlo para acabar con el sistema definitivamente.
Para ilustrar y evaluar la diferencia entre ambos enfoques, tomemos dos ejemplos. En primer lugar, el trato recibido por los jubilados.
Todos sabemos que la mayoría de los jubilados (los de clase trabajadora) reciben un trato vergonzoso. Después de toda una vida trabajando para el sistema, su "recompensa" es una pensión miserable que apenas les llega para sobrevivir. Entre los que se encuentran en la línea de la pobreza en nuestra sociedad, los ancianos constituyen el grupo más numeroso. Casi todo el mundo querría que los ancianos fueran tratados mejor.
La mayoría de los políticos se llenan la boca con promesas, que nunca cumplen, a los pensionados. En una encuesta, cabe suponer que al menos el 90% estaría a favor de subir las pensiones. Nadie, que sepamos, se opone o ataca abiertamente a los pensionados. Y, sin embargo, a pesar de este apoyo generalizado, su situación desesperada continúa. ¿Por qué?
En primer lugar, porque nuestra sociedad subordina todo a la acumulación de capital y, desde el punto de vista del capital, los pensionados son algo inservible. Como consecuencia, en la cola para recibir "recompensas", los pensionados siempre estarán a años luz por detrás de las fuerzas armadas, la policía, los banquetes y recepciones de los altos cargos políticos y toda una serie de incontables actividades bochornosas que contribuyen, a su manera, a mantener el dominio del capital.
En segundo lugar, porque como pensionados, carecen de la fuerza colectiva para arrancar mejoras para su propio grupo. Esta situación se mantendrá hasta que los trabajadores organizados utilicen su fuerza como productores para luchar, no sólo para sí mismos, sino también por los pensionados. Una situación que durará hasta que la producción para obtener ganancias sea reemplazada por la producción para satisfacer necesidades.
Otro ejemplo es la opresión de las mujeres. Las actitudes sexistas pueden encontrarse por todas partes y, además, están muy arraigadas. Sin embargo, hablando de "actitudes", en las últimas décadas hemos asistido a una extraordinaria transformación. A nivel de ideas, el movimiento de liberación de las mujeres ha conocido un increíble éxito.
Se han hecho grandes avances desde el punto de vista legal. Sin embargo, las condiciones reales en que se encuentran la mayoría de las mujeres más bien que mejorar, han empeorado. La diferencia en los salarios con los hombres se ha hecho mayor y el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico continúan siendo responsabilidad de las mujeres en una abrumadora mayoría de casos.
De nuevo, debemos preguntarnos por qué, y la respuesta, nuevamente, nos remite a las exigencias del capitalismo. Para el capital, las mujeres continúan siendo una fuente de mano de obra barata de la que éste ni quiere, ni puede prescindir. Para el capital, la estructura de la familia, que oprime a las mujeres, continúa siendo un montaje extraordinariamente conveniente para la reproducción de la mano de obra y el mantenimiento del control social. Sólo el derrocamiento del capitalismo creará las condiciones reales para la liberación de la mujer.
Ambos ejemplos apuntan hacia la misma conclusión. La opresión toma muchas formas y cada forma de opresión da lugar a su propia lucha por reforma. Los marxistas apoyan todas estas diferentes luchas, pero no pierden de vista el hecho de que las diferentes opresiones tienen un origen común en el modo de producción capitalista.
Las diferentes luchas no son campañas aisladas, sino aspectos diferentes de una única guerra, la guerra de la clase trabajadora para acabar con el capitalismo.
Colombia- Los trabajadores del gobierno se fueron a una huelga general de 24 horas en agosto en contra de los ataques a las uniones, despidos y cortes en los salarios.
Trabajadores de una de las industrias de petróleo más importantes del país se unieron a maestros, trabajadores de la telefónica, el sistema de salud y del gobierno en un paro masivo. Los huelguistas se enfrentaron a la policía anti-motines quienes dispararon con cañones de agua, mangueras y gases lacrimógenos. Uno de los huelguistas fue herido de bala en una de las confrontaciones.
El gobierno ordenó a tropas y tanques del ejército a custodiar las rutas principales de la capital de Bogotá. Pero la ciudad fue paralizada y la transportación pública estuvo detenida casi todo el día. “ El gobierno ha sido advertido” dijo un líder de una de las uniones a los reporteros “No vamos a permitirles que despidan a más trabajadores”. Esta huelga fue una de las más recientes en una serie de acciones para protestar en contra de los cortes salariales y los ataques a las uniones de los trabajadores.
La economía del país se encogió casi un 5 % el año pasado y la tasa oficial del desempleo en las ciudades es de un 20.4 %, la más alta en el hemisferio occidental. La Visita
El presidente Clinton visitó la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia para según su consejero de seguridad nacional, Sandy Berger llevar “un mensaje de solidaridad y transmitirles la importancia de la lucha contra las drogas, reforzar la democracia, los derechos humanos y la economía de Colombia”. En declaraciones días antes de su visita Clinton explicó las razones de su autorización que le permite entregar la cantidad de $1.3 billones al gobierno de Colombia.
Pero este dinero es ayuda militar para contribuir a reforzar la sangrienta guerra que mantiene el régimen con los rebeldes.
El gobierno alega que el paquete de ayuda es parte de la “guerra contra las drogas”. Mienten
Según un redactor del periódico Wall Street Journal, Matt Moffett, “Bill Clinton se dispone a visitar Colombia, donde presentará el miércoles una nueva estrategia de respaldo a la lucha contra los rebeldes marxistas y el narcotráfico”, “el ejécito colombiano, entrenado por expertos estadounidenses, incrementa sus actividades de inteligencia en los bastiones subersivos”. Entre las cosas que van a comprar con el dinero de la ayuda hay 18 helicópteros “Black Hawk” y 42 “Huey”, los “Huey” son los mismos que se utilizaron en la injustificada guerra de Vietnam.
La administración Clinton-Gore se ha alineado con el gobierno de uno de los países que mantiene uno de los peores “records” en derechos humanos de todo planeta. Sus relaciones están abiertamente ligadas con los grupos paramilitares en Colombia.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch indicó en un informe de este año que para el año 1999 investigadores del gobierno de Colombia recopilaron información sobre oficiales del ejército colombiano los cuales colaboraron en la formación de grupos paramilitares.
Según el Centro para la Política Internacional en Washington, “los paramilitares son responsables de un 75 % de los asesinatos por causas políticas y de la mayor parte de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia, especialmente contra la población civil.
Nada deja más claro lo “mucho” que le importa al gobierno estadounidense y sus mercenarios junto a la clase dominante de Colombia la vida de la gente común y trabajadora. Afirmemos nuestro rechazo al “ Plan Colombia.” ¡Cero intervención en Colombia!
En Puerto Rico casi todos los días es noticia algún problema del servicio de agua. No es extraño escuchar alrededor de la isla pleitos y reclamos de comunidades que tienen pésimo servicio de agua potable o no tienen servicio por periodos de tiempo indefinido. Invertir en una cisterna, quienes tienen ese alcance económico, se ha convertido en moda necesaria. Comprar agua potable es una rutina para muchos debido a la pobre calidad del agua. En fin, estamos viviendo una crisis y quienes son responsables de brindar un eficaz servicio no hacen nada o demoran demasiado en atender nuestras necesidades.
El pasado viernes 11 de agosto el periódico El Vocero publicó un reportaje donde aparece un listado de las agencias gubernamentales con mayor número de reclamaciones durante el año fiscal 1999-2000 y el primer lugar lo ocupó la AAA con 1,513.
Recientemente en Maricao los abonados se vieron afectados por una interrupción de los servicios debido a una avería en la planta de filtros de la AAA en el Monte del Estado dejando a miles de familias sin agua. Ocurre lo mismo en el municipio de Sabana Grande que enfrenta una situación similar a los estragos del huracán Georges, donde el 60% de la población no tiene los servicios de agua supuestamente por una filtración de aceite en uno de los tanques de la planta de filtración en el Bo. Maginas, la principal planta de dicho municipio.
En el municipio de Caguas, las comunidades han tenido que organizarse, para apelar en corte un caso que ellos llevaron en contra de la AAA por falta del servicio y tendrán que esperar hasta el 5 de octubre la decisión del tribunal. José Díaz Tirado, un vecino de Alturas de Villa del Rey comentó a Primera Hora : “ de los 28 días que van del mes de agosto, hemos pasado 21 sin agua y 7 con agua ”.
Cómo las agencias gubernamentales pueden justificar la falta de agua, si el promedio anual de precipitación es de 70 pulgadas, lo que equivale a un promedio de 11,600 millones de galones diarios (MGD) 7,540 MGD se pierden por evapotranspiración, 3,700 MGD quedan como agua de escorrentía y por último, 360 MGD se filtran a través del terreno para alimentar los depósitos subterráneos, cuando éstas dos últimas podrían ser utilizadas para la necesidades humanas.
El agua subterránea puede recuperarse hincando pozos y el agua de escorrentía puede almacenarse en embalses.
En la práctica se estima que cerca del 70% del agua de escorrentía se desplaza muy rápido al mar y que sólo el 30% es utilizable. Este 30% representa unos 1,110 MGD. Si a éste valor le añadimos 360 MGD de agua subterránea, obtenemos un total de 1,500 MGD disponibles.
En 1985, se estimaba que en Puerto Rico el uso del agua per capita era de 61 galones diarios. De no variar ésta cifra, una población de 4 millones de habitantes, requeriría unos 244 MGD. Si añadimos lo que se requiere para fines industriales y agrícolas, que en 1985 era de cerca de 200 MGD, obtenemos una demanda total de 444 MGD. Es decir que Puerto Rico cuenta con un promedio de disponibilidad de 1,500 MGD, lo que excede la demanda de 444 MGD tres veces.
Lamentablemente, el agua no se distribuye de modo uniforme ni en el espacio ni en el tiempo. De ahí surge la necesidad de acumular el exceso para atender las necesidades cuando no llueve (los embalses). Por ésta razón, el mantenimiento de los embalses es un aspecto clave en el manejo del agua. Sin embargo, el ritmo de la sedimentación de los embalses es tan alto que reduce la capacidad de almacenaje. En otras palabras, nuestros embalses están llenos de tierra.
Digamos que en la medida en que las reservas de agua se sedimentan y su capacidad de almacenaje reduce, también reduce su capacidad como amortiguador de inundaciones. Es decir, mientras perdemos agua que podríamos usar en tiempos de escasez, en tiempos de lluvias se producen desastres que acarrean muertes y pérdidas económicas.
Debemos añadir que el problema de la sedimentación en los embalses ha sido estudiado y señalado desde hace décadas en múltiples ocasiones. En 1963, se hizo un estudio en el lago Carraízo donde se señaló lo antes mencionado. Posteriormente se han hecho otros estudios que han tenido igual resultado y la AAA ha hecho caso omiso, o sea, con toda probabilidad ninguna muerte ha sido más estudiada y anunciada en Puerto Rico que la del lago Carraízo.
Si examinamos los problemas mencionados nos damos cuenta de que todos son producto de una falta de planificación consciente en el uso de nuestros recursos. Las decisiones económicas de los administradores del agua se toman con un solo criterio en mente: la ganancia inmediata de capitales privados. Por eso construyeron el Supertubo en lugar de dragar el lago Carraizo.
Ante estas prioridades torcidas varias comunidades se han organizado. Es la clase trabajadora la que más sufre la carencia de agua y es la que mejor puede organizarse para forzar una solución a tan básico problema. Hace falta que las diversas comunidades unan sus esfuerzos en un gran movimiento que los patronos
no puedan ignorar. Sólo unidos triunfaremos.
Ante la combatividad de los trabajadores del agua, la Compañía de Aguas se vió forzada a ceder a las demandas de la Unión Independiente Auténtica (UIA) del pasado 15 de agosto. Esto representa una gran victoria.
Cientos de unionados en caravana de más de 300 vehículos oficiales se presentaron en las inmediaciones del Departamento del Trabajo, donde se reunían los líderes de la UIA y la gerencia de la Compañía de Agua (CA).
Luego llegaron a las oficinas centrales de la AAA en la Avenida Barbosa. Los trabajadores paralizaron sus operaciones y salieron a protestar. Al finalizar el día se tenían noticias de docenas de vehículos saboteados y el cierre de varios sistemas de servicio.
La CA tuvo que ceder todas las demandas económicas que exigía la UIA, firmando un convenio tras un tranque de dos años. La UIA había demandado que el aumento fuera retroactivo al día en que venció el pasado convenio, a lo que la CA se negaba y en su lugar le ofrecía un bono a los trabajadores. Sus intenciones eran las de sustituir los aumentos por un bono de 1,100 dólares pero se retractaron al ver la disposición de los trabajadores a irse a la huelga.
Ahora la CA tendrá que pagar por un aumento salarial retroactivo al 1998 más un bono de 1,300 dólares este año y otro de 1,835 en junio de 2001, en un convenio de 5 años.
La UIA también logró establecer límites a la práctica de subcontratar compañias externas. Sólo se usarán contratistas cuando la CA no tenga el equipo necesario.
Lamentablemente, la UIA negoció sin esperar que los empleados técnicos negociaran su convenio, dejando a un grupo menor de trabajadores enfrentando la negativa del patrono de concederles un aumento retroactivo, lo mismo que trataron de hacerle a la UIA. La solidaridad es esencial para debilitar a los patrones y fortalecer a la clase trabajadora en su conjunto. Una herida para uno, debe ser una herida para tod@s.
Los Angeles- Mas de 4,000 personas marcharon el 13 de agosto exigiendo un nuevo juicio para el sentenciado a la pena de muerte, Mumia Abu-Jamal, iniciando así días de demostraciones en protesta durante la Convención Nacional Democrática (D2K).
Se esperaban aún mas manifestaciones al día siguiente para la marcha más importante de la semana organizada alrededor de la consigna: ¡Necesidades humanas Sí, Lucro Corporativo No! (“Human Need, Not Corporate Greed”.)
La marcha, apoyada por un gran número de grupos incluyendo a la Asociación de Enfermeras de California, CNA, y la Unión Internacional de Estibadores y Trabajadores de Almacén, ILWU, fue seguida de más protestas durante el transcurso de la semana.
Muchas de las personas que asistieron a la demostración en Los Angeles, participaron también en las protestas en contra de la Organización Mundial del Comercio en Seattle el año pasado y contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washigton D.C., el pasado abril.
“Aprendí en las protestas en Washington que tenemos que mejorar nuestras tácticas para causar mayor impacto”- dijo Fernando Bejar, un estudiante de la Universidad Estatal de San Francisco.
El dice que su intención era traer a la demostración el asunto de “la naturaleza del imperialismo del gobierno estadounidense” bajo ambos partidos, Demócrata y Republicano.
Para otros, la protesta “D2K” era su primera.
“Ví la protesta (en Seattle) por televisión y me puso a pensar”- dijo Carlene Brown, una educadora de Costa Mesa por 23 años.
“Yo leí "La historia desde el punto de vista de la gente de Estados Unidos " de Howard Zinn, y él habla de unir las energías de los movimientos del pasado y pienso que es lo que está comenzando a pasar.
Mientras muchos activistas percibían que los demócratas tienen la misma agenda corporativa que los republicanos, dos uniones planificaron marchas para mediados de semana que claramente estaban orientadas a cabildear al Partido Demócrata.
Por cierto, el presidente de la AFL-CIO, John Sweeney presionó a las uniones para que no apoyaran las marchas.
Pero con los maestros y los trabajadores municipales en lucha por un nuevo contrato, los líderes de las uniones no tuvieron otra alternativa que hacer un llamado a la marcha aún cuando insistían en su apoyo a Al Gore.
Muchos de los jóvenes envueltos en la organización de esta marcha, dijeron que buscaban una alternativa.
“Yo estuve en la Convención Demócrata en Chicago en el 1996 porque yo trabajé en la campaña Clinton-Gore”- dijo Laura Mckenzie, una estudiante graduada de la Universidad de California en Riverside. Pero las protestas en Seattle y Washington D.C., junto con el asesinato de una joven negra, Tyisha Miller, por la policía de Riverside, la introdujo al activismo.
“Este año votaré por Ralph Nader”- dijo Mckenzie.
Por cierto, una reunión de Estudiantes de California por Nader estaba pautada para el día después de la gran marcha.
Estudiantes activistas también organizaron una marcha en contra de los talleres de explotación o “sweatshops” en agosto 17 coauspiciada por UNITE, una unión de trabajadores de la aguja, y por la Unión Internacional de Empleados de Servicio, SEIU Local 1877.
Las protestas “D2K” pueden servir de trampolín para construír un movimiento más amplio en los próximos meses.
La Compañía fabricante de neumáticos Firestone, continúa enfrentando demandas civiles por la gran cantidad de accidentes y muertes relacionadas a sus gomas raidales ATX, ATX II y Wildernes, las cuales ya sobrepasan las 62 víctimas, incluyendo una víctima fatal aquí en Puerto Rico.
Recientemente salió a relucir que la mayoría de las gomas defectuosas retiradas del mercado fueron fabricadas por rompehuelgas en medio de una jornada huelgaria ocurrida en la planta de Decatour, Illinois en el 1994.
Varios trabajadores que laboraban en esa planta declararon al Washington Post, que los rompehuelgas desinflaban burbujas de aire que encontraban en las llantas para encubrir fallos que debieron haber hecho que éstas fueran descartadas. También hablaron de altos niveles de humedad que incrementaban las probabilidades de corrosión de las gomas radiales, así como del uso de solventes en gomas viejas. El énfasis en la cantidad sobre la calidad significó que la inspección de los neumáticos fuera prácticamente inexistente.
Como era de esperarse, la compañía negó tales alegaciones. El vice presidente de control de calidad, Bob Wyant, intentó crear una cortina de humo para negar que los defectos se debieran al uso de rompehuelgas: “Tenemos un volúmen de neumáticos tan alto que buscar la raíz del problema es como buscar una aguja en un pajar.”
No obstante, un análisis conducido por la compañía automotriz Ford confirmó la versión de los trabajadores, de que el origen de las gomas defectuosas, efectivamente se remontaba al período huelgario.
Como dijo un trabajador de Decatour: “Tu no puedes coger 1,400 personas y forzarlas a irse a la calle y luego reemplazar la mitad con gente inexperta y esperar el mismo producto.”
Tanto la Bridgestone-Firestone, como la Ford tenían conocimiento de los defectos en los neumáticos desde mucho antes de que estallara el escándalo e intentaban salvar sus ganancias a costa de las vidas de inocentes. El ejemplo que nos ofrece lo acontecido con la Firestone no es un incidente aislado. Es una de las inumerables prácticas corporativas que anteponen el lucro empresarial sobre la seguridad y el bienestar público.
Este incidente que desenmascara la hipocresía de las compañías a quienes en realidad sólo les importa sus ganancias, sólo puede explicarse dentro del contexto del sistema económico capitalista en que vivimos, cuyo motor es la competencia y la explotación y cuyos aliados son tanto el estado como la empresa privada.
A principios de agosto, cientos de familias invadieron terrenos abandonados en las cercanías del Barrio Cotto Laurel de Ponce pertenecientes a la familia Serrallés y al gobierno de Puerto Rico. Los rescatadores reclamaban su derecho a una vivienda adecuada para ellos y para sus hij@s.
“Las personas llegaron aquí de imprevisto, a principios de agosto,... Al principio fue espontáneo con unas 232 familias; ahora se han unido mas de 400 familias, bajo la Organización Pro Vivienda para Indigentes del Coto Laurel (ORVICL).” relató Robín Torres Castro, presidente de la organización.
Las familias exigen que el Departamento de Vivienda (DV), les facilite casas a bajo costo o “dadas”. Los terrenos que ocupa el campamento de los rescatadores incluye unas 100 cuerdas que el grupo Desarrollo del Sur reclama como suyo. Esta organización financiera es un frente de la acaudalada familia Serrallés.
Hace unos 5 años, vecinos del área se quejaron porque el terreno estaba lleno de basura y escombros. Grande fue la sorpresa de éstos cuando las brigadas que llegaron a limpiar fueron del gobierno y no de la familia Serrallés. La ORVICL reclama que parte de los terrenos son del gobierno, y demandan que sean otorgados a las familias sin casa.
Se trata en su mayoría de familias jovenes, con niños pequeños que viven en marquesinas de casas de los parientes o mudándose de familia en familia. Son padres y madres que les dejan sus camas a l@s niñ@s y duermen en el piso, todos en un solo cuarto. Según explicaron los rescatadores: “La necesidad es grande...Las familias han llegado de todas partes de Juana Díaz, Peñuelas, Guayama, Ponce y cada vez que salimos en televisión, más gente sigue llegando.” Se organizaron colectivamente
Las familias mantuvieron una vigilia permanente en los terrenos rescatados y se organizaron colectivamente. Juntos dividieron los terrenos en parcelas de 50x75, y montan guardia, luchando por que se les otorgara una casa: “Hasta que no nos cedan los terrenos como tal, hemos decidido no construir; Estos terrenos, se han utilizado como cuartelillo [y] estaban abandonados...[Aunque] podemos trabajar no podemos pagar una renta de 400 a 500 dólares. No nos quedó otro remedio, fuí a Vivienda y me dijeron que las familias están años en lista de espera por una vivienda.”
“Y si coges la carretera 14 [verás que] están haciendo mansiones. Vivienda dice que te dan una casa con subsidio pero quién puede pagarlas?” dijo Mayda Colón Medina
Las familias lograron obtener una reunión en el DV en la cual le informaron que el DV ya no estaba otorgando terrenos. Les ofrecieron que Vivienda compraría los terrenos y construiría viviendas a bajo costo si los Serrallés les cedía los terrenos a las familias, lo que es solo una cortina de humo pues los Serrallés no están dispuestos a ceder los terrenos de los cuales podrían generar millones de dólares para su lucro. Recordemos que son una familia que se ha enriquecido por generaciones del tráfico y la explotación de esclavos primero, y luego de la explotacción de los trabajadores de la caña.
En los terrenos invadidos vive desde hace tiempo un anciano que trabajó por muchos años para la familia Serralles quienes nunca le han otorgado título de propiedad, de modo que el día en que los dueños decidan desarrollar el área él también se quedará sin hogar.
A principios de septiembre, un juez de Ponce ordenó la remoción de los rescatadores y la destrucción de edificaciones y estructuras hechas por las familias sin casa. Lamentablemente, los rescatadores, mal aconsejados por un abogado legalista con poco entendimiento de las luchas políticas, decidieron obedecer la orden del juez y desalojar los terrenos. De ese modo las familias perdieron el elemento que les daba fuerza ante el gobierno: su ocupación colectiva.
Es mucho más dificil forzar al DV a concederles casas a estas familias si el problema que el rescate de terrenos constituye para el gobierno ya está resuelto. Por eso una vez desocupados los terrenos, cuando el grupo fue a la Legislatura con sus reclamos fue totalmente desatendido. Se les informó a los rescatadores que el DV consideraría sus solicitudes de manera individual.
Para asegurar el éxito, futuros rescatadores necesitarán depender de sus propias acciones colectivas y estar dispuestos a violar la ley cuando sea necesario.
China 1,077
Iran 165
ArabiaSaudita 103
Congo 100
EEUU 98
En agosto de 1994 el presidente demócrata Bill Clinton firmó una legislación asignando $30 billones en conta del crimen. Días después firmó la más extensa legislación contra el crimen en la historia estadounidense. Esta iba dirigida a aumentar el número y el poder de los policías, expandir las prisiones, y a una serie de medidas dirigidas a dar castigos más fuertes para aquellos que sean encontrados culpables en las cortes federales.
Conjuntamente vetó una medida apoyada por el Caucus Negro del Congreso que hubiera permitido que la evidencia de discrimen racial pudiera ser utilizada por la defensa en apelaciones contra las sentencias de Pena de Muerte. De esta manera quedó prohibido que los abogados de los acusados expongan que sus clientes están siendo víctimas de un ataque racial, aunque el único motivo por el cual estén enfrentando la Pena de Muerte sea por discrimen racial.
Esta legislación además eliminó un estatuto que prohibía la ejecución de acusados que eran incapacitados mentalmente.
La aprobación de esta legislación fue una victoria para aquellos que sostienen que la criminalidad en las calles no es consecuencia de la pobreza, la desigualdad, las malas condiciones de vivienda o falta de éstas, las escuelas segregadas por sectores económicos o raciales, el alto nivel de desempleo y otras causas sociales, sino que son el resultado de supuestos individuos antisociales que deben ser castigados severamente para escarmentar a otros y proteger el resto de la población.
El gobierno de los Estados Unidos se ubica entre los más represivos en todo el mundo en cuanto a su uso de la Pena de Muerte. De acuerdo con Bárbara A. Frey, Directora Ejecutiva de los Defensores por los Derechos Humanos de Minnesota, “Solo unos pocos gobiernos aparte de Estados Unidos continúan ejecutando acusados adolescentes. Entre 1985 y 1990 las ejecuciones de adolecentes sólo estaban ocurriendo en 5 países: Irak, Pakistan, Arabia Saudita, Yemen y los Estados Unidos. A pesar de las luchas internacionales por abolir la práctica de ejecutar a adolescentes, Estados Unidos es el país que más jóvenes sentencia a la Pena de Muerte."
En Texas, que lleva la delantera en E.E.U.U. en cuando al uso de la Pena Capital, Lacresha Murray, una niña de 14 años fue condenada a muerte. Lacresha ha estado encarcelada desde que tenía 11 años, acusada de matar a una niña de 2 años. Lacresha es una niña de familia pobre afro americana, y la policía de Texas no tiene más evidencia contra ella que un supuesto testimonio que ella ofreció bajo coerción de los policías y estando sola sin presencia de sus padres ni abogados en abierta violación a sus derechos civiles. No es casualidad que al caso de Lacresha se le dió popularidad cuando el estado de Texas pasó una legislación de “Mano Dura contra los Crimenes Juveniles”, otra de las medidas cada vez más histéricas y represivas que pretende tratar a los niños como adultos. Para confrontar las críticas a esta legislación, han utilizado el caso de Lacresha para justificarse y han demonizado a Lacresha ante la opinión pública.
La histeria del crimen no ha impactado a todos los sectores de la población igualmente. Sistemáticamente son las minorías, especificamente negros y latinos en los Estados Unidos los que son desproporcionadamente arrestados, convictos y sentenciados a prisión. Para 1991 los hombres afro-americanos entre las edades de 15 a 34 años constituían sólo un 14% de la población en E.E.U.U. y sin embargo totalizaban el 40% de la población de las cárceles. No es mera coincidencia que estos sectores son mayoritariamente pobres.
Es alarmante que el nivel de personas negras encarceladas en Estados Unidos es 7.4 veces más alto que el de personas blancas y casi cuatro veces más negros que los encarcelados en Africa del Sur antes de la desmantelación del Apartheid. Más impresionante aún es que hay más jóvenes varones negros entre 20 y 29 años en la cárcel que en la Universidad, y que uno de cada cuatro hombres negros van a la cárcel en algún punto en su vida, aparte de que los negros están 3 veces más expuestos a ser matados por la policía que los blancos.
En El Sistema Penal y Reacción Social, Lina M. Torres Rivera señala: "En Georgia casi la mitad de los que están en pabellones en espera de la muerte (death row) son negros y la mayoría lo están por haber matado a personas blancas. ......Por otro lado, se ha constatado que cuando la víctima es una persona blanca y el victimario es negro, son 11 veces más las probabilidades que el individuo (victimario) sea sentenciado a la pena capital que cuando ocurre a la inversa...
"Los negros muchas veces son deliberadamente excluidos de participar en calidad de jurados en los procesos judiciales. Además, las conmutaciones de las sentencias o indultos en los Estados Unidos, se les conceden tres veces más a los blancos que a los negros."
A pesar de las impactantes cifras que revelan el elemento raza como uno determinante en cuanto a quién recibe la Pena de Muerte, es la clase social de la que viene el individuo el factor común de todos y cada uno de los acusados a Pena de Muerte en Estados Unidos.
La Pena de Muerte tiene que ver directamente con la pobreza. Nunca en la historia de los Estados Unidos un rico ha sido condenado a la Pena Capital. Podríamos imaginar que si O.J. Simpson, el deportista afro americano acusado de asesinar a su ex-esposa y a un amigo, hubiera sido pobre, en vez de rico, probablemente lo hubieran sentenciado a la Pena de Muerte. Pero la realidad es que la mayoría de los negros en los Estados Unidos son pobres y no tienen dinero para pagarse un bufete de abogados como el de Simpson. El caso de Simpson subraya el hecho de que la justicia tiene un precio en Estados Unidos y sólo los ricos lo pueden pagar.
Algunas de las disposiciones de ley que harían posible que se certifique la Pena de Muerte incluyen situaciones como un asesinato durante un “carjacking” o durante un robo a un banco. Se debe plantear que hay crímenes de cuello blanco que involucran la vida de muchos más ciudadanos, como las muertes causadas por los inescrupulosos que cometieron fraude en el Instituto del Sida, o crímenes que involucran el robo de mucho más dinero que lo que un individuo desesperado podría robarse de un banco, como los cometidos por el ex-alcalde Buzo, o como aquellos por los cuales han sido acusados los miembros de CRIM, sin embargo estas personas jamás enfrentarían la Pena de Muerte como castigo. En el peor de los casos son enviados a prisión en condiciones especiales que se parecen más a un estadía en un hotel que a las condiciones carcelarias en las que vive la mayoría de la población penal pobre.
Aquellos que no poseen el capital son los que reciben la Pena de Muerte. Numerosos estudios han demostrado que los acusados que pueden costear representación legal no terminan en Pena de Muerte. Pero una vez son acusados a Pena de Muerte son pocos los prisioneros capaces de costear un asesoramiento legal que los guíe a través del torturoso proceso de apelación. Richard C. Dieter, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en los Estados Unidos dice que “en muchas ocasiones ni siquiera se trata de abogados inadecuados; simplemente que no hay abogados disponibles, especialmente para las apelaciones.” Para 1998 en California la mitad de 249 personas sentenciadas a Pena de Muerte estaban en espera de su primera apelación sin ni siquiera tener un abogado, y sobre 33 nuevos reclusos son acusados a Pena de Muerte cada año.
La política de la Mano Dura nos vende la idea de que el crimen se acaba dando períodos de encarcelamientos más largos y castigos más duros en general. Ahora oímos al Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, abogar por la implantación de la Pena Capital en Puerto Rico, planteando que esta serviría como disuasivo al crímen. Claro está, Toledo pide la Pena Capital cada vez que un ciudadano mata a un policía, pero nunca la ha pedido para los policías que matan a ciudadanos inocentes como el caso de Monte Park, las pasadas navidades, o el caso del joven tiroteado por la espalda en Salinas el mes pasado.
La premisa de Toledo de que la Pena de Muerte serviría como disuasivo no tiene ningún tipo de fundamento científico. No existe ninguna estadística que haya probado que la Pena de Muerte reduzca los crímenes en ninguno de los estados donde ésta ha sido implantada. Incluso hay casos donde ha aumentado la criminalidad. El Arizona Star, cita un estudio que demuestra que los 38 estados con pena capital tienen tasas de asesinato de 6.6 por cada 100,000 habitantes, mientras que en los restantes 12 estados la taza es de 3.5.
Cuando l@s socialistas hablamos de oponernos a la Pena de Muerte no nos referimos a tomar posturas moralistas sobre matar; se trata de un argumento político en el que señalamos que el Estado no puede ser visto como 'neutral'. La sociedad está dividida en clases y son los ricos los que dirigen el Estado, que ha demostrado servir los intereses de los patronos y ser racista, sexista, y discriminatorio contra los jóvenes, los homosexuales y los extranjeros. Definitivamente el Estado no es neutral.
No es lo mismo que una persona mate a otra persona por venganza, a que el Estado tenga el derecho de decidir quién vive y quién muere, pues a diferencia de la persona que actúa emocionalmente, el Estado actuaría, fría y calculadamente para defender los intereses de unos pocos, lo que significa que va a condenar al ciudadano vía todos los prejuicios ya mencionados.
La Pena de Muerte es la manera que utiliza el Estado para lavarse la manos de responsabilidad de la violencia social en la que vivimos y adjudicar causas individuales a problemas de raíces sociales. Es una clara señal de que el Estado cuelga los guantes ante la posibilidad de reformar a los individuos. Ya no es un sistema de “corrección,” sino de linchamiento legal.
En vez de combatir los problemas sociales, asignar más fondos a las escuelas públicas, a los deportes, a las artes, cada vez cierran más escuelas y hospitales y asignan más fondos para las cárceles, los policías y los militares.
La violencia social no es producto de individuos antisociales o inescrupulosos. Estos son sólo los frutos y no las raíces del árbol. Para erradicar la violencia social hay que ir a la raíz de ésta, que
está plantada en la desigualdad social, la pobreza, la marginalización, el desempleo, el alto costo y las bajas condiciones de vida. Son estas desigualdades las que debemos mandar a la horca de una vez y por todas.
En Illinois 13 personas condenadas a muerte han sido liberadas luego de probar su inocencia, algunas a través de pruebas de ADN. Esto forzó al gobernador Ryan a declarar una moratoria para detener todas las ejecuciones en el estado.
Una campaña que incluye 860 organizaciones, está luchando por lograr una moratoria nacional en Estados Unidos. En seis estados se ha presentado legislación proponiendo una moratoria y a nivel federal dos proyectos han sido sometidos, uno por Jesse Jackson Jr. y otro por Russell Feingold.
En Texas mientras tanto el "Gobernador de la Muerte,"el candidato presidencial George W. Bush continúa las ejecuciones a toda velocidad. El 22 de junio Texas ejecutó a Gary Graham (Shaka Sankofa) quien era en toda seguridad inocente. En su juicio, como en el de tantos otros, no se le permitió presentar evidencia que hubiera probado su inocencia. Graham se convirtió en la victima 135 del gobernador Bush.
Su oponente democrata, Al Gore, no es distinto a Bush. Gore ha dicho que no cree en una moratoria y que apoya la Pena de Muerte aun cuando: "es un hecho que se cometerán inevitablemente algunos errores."
Por tantas injusticias, el apoyo en EEUU a la pena capital ha disminuido de un 80% a un 66%, la cifra más baja en 19 años.
Han sido muchos los momentos en que la barbarie de la Pena de Muerte ha motivado a las personas a resistirla, a levantar su voz de protesta y a oponerse a ella con sus actos. Así, muchas ejecuciones fueron detenidas y eventualmente se ganó la abolición de la Pena Capital, demonstrado el valor de la resistencia.
La Pena de Muerte ha sido utilizada por las clases dominantes como intrumento represivo para asegurar su poder y su riqueza mientras mantienen al resto de la población oprimida. En Puerto Rico se utilizó desde el siglo 16 para combatir la resistencia taina, luego para reprimir las rebeliones esclavas, y para prohibir las prácticas de la sodomía y la brujería, esto es, cualquier práctica contraria a los dogmas católicos dictados por la Iglesia de la época. (Ver Jalil Sued-Badillo, La Pena de Muerte en Puerto Rico)
Tan temprano como el 1582, un grupo de religiosos dominicos de origen
criollo trató de impedir la ejecución por
garrote de una mujer. El grupo intentó,“rescatarla forzosamente para asilarla en la iglesia” a Luisa García, una mestiza condenada a muerte por alegadamente ser parte en el asesinato de su esposo. Los religiosos lucharon a los puños con los soldados para tratar de liberar a García pero no lo lograron.
En 1868 siete de los participantes en el Grito de Lares fueron condenados a muerte. Cientos de personas participaron en una campaña para que se les perdonara la vida. Según José Pérez Moris en su Historia de la Insurreción de Lares:
“Siendo éste el primer caso en que un ejemplar castigo se iba a hacer en Puerto Rico en personas civiles por traición, la idea de que se ejercitara con ellos un acto de clemencia no halló oposición...Numerosas instancias en demanda de perdón cubiertas de centenares de firmas de señoras se elevaron de la mayor parte de las poblaciones de la Isla... Después de varios trámites, el capitán general Pavía indultó a cinco de los reos...” Al final ninguno fue ejecutado.
Luego de la invasión estadounidense a Puerto Rico la Pena de Muerte se utilizó contra 28 personas, la gran mayoría negros y mulatos y todos trabajadores pobres. El garrote fue sustituido por la horca.
En 1907 Rosendo Matienzo Cintrón propuso que se aboliera la Pena de Muerte del Código Penal. Se le opuso el renombrado abogado y legislador José de Diego quien además de oponerse al voto para la mujer y de ser un proponente de varias legislaciones anti-obreras, fue un fiel defensor de la Pena de Muerte. De Diego le preguntó a Matienzo: “¿qué haría su señoria, con el asesino de su hija?” Matienzo, quien creía en “la regeneración del asesino” le contestó: “Lo perdonaría y con más razón si el asesino de mi hija fuera su hijo”. El proyecto no fue aprobado.
Mientras tanto el sentimiento contra la Pena de Muerte seguía generalizandose en Puerto Rico y en Estados Unidos. Durante la Era Progresista, entre 1907 y 1917 Kansas, Minnesota, Washington, Oregon, Norte y Sur Dakota, Tennessee, Arizona y Missouri abolieron la Pena de Muerte. Para el 1921, sin embargo, Tennessee, Arizona, Washington, Oregon y Missouri la habían vuelto a restablecer. Lo mismo sucedería en Puerto Rico.
En 1911 aparece un panfleto contra la Pena de Muerte escrito por Edelmiro Huertas Zayas que afirmaba: “...Ni los crímenes durante el tiempo que se está castigando con la pena de muerte se han extinguido; ni los deudos alguna vez han sido compensados de la perdida sufrida; ni la sociedad por ese medio se ha lavado... No es la Pena Capital la llamada a extinguir el crimen... Luchemos sin cesar por la abolición de dicha pena...”
En 1912 se celebró una protesta en la Plaza de Ponce para pedir la conmutación de la sentencia de muerte de Alberto Román . “Miles de personas asistieron al mítin [y] el acto fue reseñado en la prensa.”
En 1917 hubo significativa agitación en Puerto Rico a favor de la abolición. Jacobo Córdoba Chirino informa que la ejecución en 1917 de Rufino Izquierdo produjo “una ola de sentimiento, justo y humanitario, contra el sistema penal vigente”.
Según el senador socialista Moisés Echevarría: “La pena de muerte siempre fue repudiada por el pueblo, y constantemente cada vez que se reunía la Legislatura, se enviaban peticiones y memoriales a ambas Cámaras solicitando se pasara una ley aboliendo la pena capital...” Dos ejemplos de estas comunicaciones que llegaron a la Novena Asamblea Legislativa en 1917-18 leen: “De la Logia ‘Amor y Trabajo’ de Añasco, solicitando de que sea abolida la pena de muerte y que se creen escuelas correcionales para delincuentes.... Del señor Cirilo Cedeño, en nombre de los espiritistas de Juana Díaz, solicitando la abolición de la pena de muerte.”
Ante el peso y la militancia de estos reclamos se aprobó la abolición temporera de la Pena de Muerte en el 1917 que sería válida hasta el 1921, año en que volvió a estar vigente. En 1921 y 1923 se sometieron proyectos para su abolición que no se logró hasta el 1929 como producto directo de las campañas llevadas a cabo por grupos cívicos, uniones obreras, logias masónicas, grupos religiosos y partidos socialistas, junto a cientos de personas comunes.
Durante la Asamblea Contituyente en la cual se redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 se dió un debate sobre si se debía prohibir la pena de muerte de forma absoluta, o si por el contrario, se debía permitir una excepción para casos extraordinarios. El delegado Gelpí propuso añadirle a la parte que leía “no existirá la pena de muerte” la siguiente enmienda: “excepto cuando la Legislatura, a virtud del aumento de la criminalidad, y como uno de los medios de coerción moral contra los criminales, la estableciere...”
El millonario líder del Partido Republicano, Miguel Angel García Mendez, defendió la enmienda. El empresario Luis A. Ferré, el fundador del Partido Nuevo Progresista, en esa época miembro del Partido Republicano y delegado de la Asamblea Constituyente también defendió la Pena de Muerte para algunos casos. Ferré señaló que: “...Las naciones más adelantadas del mundo tienen consignada en sus códigos la pena de muerte.” También añadió: “Acuerdense bien, compañeros, solamente ha de tenerle miedo a la pena de muerte el criminal.”
En oposición a Ferré, el delegado Barreto Pérez argumentó: “Le tengo miedo a la pena de muerte, a que se establezca en la Constitución... precisamente pensando en los hombres desvalidos de Puerto Rico que son a la postre los que van al cadalso...los hombres humildes... que no tienen influencia política...[ni] económica...”
La enmienda fue derrotada y quedó absolutamente prohibida la Pena de Muerte por la nueva Constitución en 1952. Ese derecho quedó plasmado en la Constitución por la misma historia de luchas que había llevado a
su abolición en 1929, no por causa de legisladores ilustres sino por las acciones de la gente común que los había precedido, quienes reconocieron que se trató de un castigo cruel creado por los patronos para mantenerlos oprimidos. Se organizaron y le pusieron fin. Su éxito nos queda hoy como una valiosa lección para combatir los intentos federales de restablecer la Pena Capital en la Isla.
Nombre Caso Juez Información
1. Ian Rosario Montañez PR No. 96-001 Pérez Transó por Cadena Perpétua
2. Andrés Colón Miranda PR No. 95-029 Fusté Descertificado-Fiscal violó reglas
3. David Samuel Martínez Velez PR No. 95-029 Fusté Descertificado-Fiscal violó reglas
4. Edwin Rosario Rodríguez PR No. 95-029 Fusté Descertificado-Fiscal violó reglas
5. Luis Rosario Rodríguez PR No. 95-029 Fusté Descertificado-Fiscal violó reglas
6. Edsel Torres Gomez (Negri) PR No. 98-072 Giménez Transó por 35 años
7. Victor Manuel Valle Lassalle PR No. 97-284 Fusté Pendiente de juicio
8. José Rodríguez Marrero PR No. 97-284 Fusté Descertificado-Retardación mental
9. Nicholas Peña González PR No. 97-284 Fusté Descertificado-Retardación mental
10. Heriberto Nieves Alonso PR No. 97-284 Fusté Descertificado-Testigo de fiscalía
11. Luis Gines Pérez PR No. 98-164 Domínguez Pendiente de juicio
12. Ricardo Meléndez Pérez PR No. 98-164 Domínguez Pendiente de juicio
13. Hector Oscar Acosta Martínez PR No. 99-044 Casellas Descertificado-Inaplicable en PR*
14. Joel Rivera Alejandro PR No. 99-044 Casellas Descertificado-Inaplicable en PR*
* Caso pendiente de apelación. Fuente: Death Penalty Information Center, http://www.essential.org/dpic/feddp.html.
La utilización de la Pena de Muerte en Cuba ha aumentado significativamente. En 1999 entró en vigor una nueva ley que extendió la pena capital a 112 delitos. Mientras en 1998 se ejecutaron 5 personas, en 1999 hubo al menos 13 ejecuciones según calculos de Amnistía Internacional. Otras 12 personas han sido condenadas a morir y esperan ejecución.
Durante el llamado “periodo especial” Fidel Castro ha identificado un nuevo “enemigo interno” de la revolución: “el delito.” Según el comandante en jefe: “Para los que cometan la infame afrenta, el monstruoso crimen contra nuestra patria y la humanidad de utilizar el territorio de Cuba para el narcotráfico, ¡la pena capital! (Fuertes aplausos)... albergo la esperanza de que nuestros jueces no vacilen en aplicarla (Aplausos) ¿Alternativa en casos que no sean extremadamente graves? Cadena perpétua (Aplausos). Y, en determinadas circunstancias, 30 años como mínimo.”
El gobierno cubano justifica su uso de la pena capital en el hecho de que Estados Unidos utiliza todo medio para desestabilizar la revolución, lo que es cierto. Pero de ello no se sigue que los crímenes sean planeados en Washington o que la Mano Dura sea una solución. De los 23 condenados a muerte en 1999, 19 cometieron asesinatos (no políticos ), 1 violación y sólo 3 cometieron actos de terrorismo contra el estado. Estos son Humberto Real Suarez, y dos salvadoreños contratados por la Fundación Nacional Cubano Americana para colocar explosivos en hoteles: Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena.
La Revolución Cubana aseguró la liberación nacional de Cuba en 1959 pero no construyó una sociedad socialista como aseguran. Desde entonces, EEUU ha sometido a la isla a innumerables agresiones y a un criminal embargo comercial. Sin embargo, eso no justifica el uso de la Pena de Muerte en tiempos de paz, ni la intolerancia a toda la oposición política.
El verdadero socialismo, se hace con la participación de miles de trabajador@s, no por decreto, y debe crear más derechos y menos represión.
El juez federal Casellas descertificó a dos acusados por delitos castigables con la Pena de Muerte Federal, por entender que la Constitución de PR la prohibe. La decisión reconoce lo que los opositores de la pena capital hemos estado repitiendo desde que Janet Reno extendió la Ley Anti-Crimen de Clinton de 1994 a Puerto Rico, que la situación colonial de PR queda al desnudo cuando las garantías de la Constitución del ELA pueden ser canceladas arbitrariamente por el Congreso de EEUU.
Es una importante victoria. Las cortes lo niegan pero son influenciables por la militancia en la calles. La decisión le da credibilidad a uno de nuestros argumentos: que es inconstitucional su aplicación en PR; a la vez que nos oponemos a la Pena de Muerte aunque sea legal.
Pero no debemos sentir complacencia con esta decisión. Es probable que este caso sea apelado en Boston. El momento llama a redoblar esfuerzos por evitar su implentación en PR. A la vez debemos luchar en PR por lograr una moratoria en todo EEUU. Opongámonos a la sociedad capitalista que ha creado un sistema judicial tan cruel y con el socialismo creemos una sociedad más justa.
La fiscalía federal en San Juan ha solicitado certificaciones para la Pena de Muerte en 59 casos, más que cualquiera de los 94 distritos federales desde 1995.
De éstos, 14 casos han sido certificados para Puerto Rico, proporcionalmente más que en todos los Estados Unidos.
En Estados Unidos, 196 casos federales han sido certificados desde 1988.
De éstos, 44 casos fueron certificados en 1998 solamente.
El 76% de los casos certificados son de minorias raciales.
En la corte de Estados Unidos en Puerto Rico, el acusado es encontrado culpable en el 98% de los casos .
Suplemento Especial sobre la Pena de Muerte
Ejecuciones en 1999
La barbarie de la Pena Capital
¡MORATORIA AHORA!
¿Cómo se logró la abolición de la Pena de Muerte?
Casos certificados por Janet Reno para la Pena de Muerte en PR
Gran incremento en el uso de la Pena de Muerte en Cuba
La Pena Capital viola Constitución de P.R.
La Pena de Muerte Federal
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